"Sentimos miedo de subir a los carros, miedo de que nos pueda pasar algo"; "No sabemos si vamos a volver a casa"; "Hay que trabajar con fe nomás". Esas son las frases que se repiten a diario entre conductores y pasajeros del transporte público que recorren las calles del país.
Mientras la atención pública ha estado centrada en el proceso electoral de 2026, la violencia contra los transportistas siguió escalando. Entre enero y mayo de este año se registraron 131 homicidios e intentos de homicidios a nivel nacional, según el sexto reporte del Observatorio de Crimen y Violencia, una iniciativa del Banco de Ideas Credicorp y el BCP en alianza con CHS Consultora. La cifra equivale aproximadamente a 26 ataques por mes.
De esos 131 casos, el 75 % se registró en Lima y el Callao. Las otras regiones con más casos son Piura, La Libertad e Ica. Así lo dio a conocer el exministro del Interior Carlos Basombrío, quien participó en la presentación del reporte.
"En Lima se registran 83 casos y en el Callao 16, entre homicidios y homicidios fallidos. En el caso de provincias, Lima claramente sigue siendo la más afectada".
A nivel de la capital, el distrito Comas registra la mayor cantidad de casos, con 13, seguido de San Juan de Lurigancho, con 11. Fuera de Lima, el distrito de Sullana, en Piura, reporta siete ataques.
Según el estudio, la mayoría de los hechos se han producido durante la noche, en avenidas, paraderos y zonas altamente transitadas, lo que evidencia que la violencia se ha instalado en espacios cotidianos de la movilidad urbana.
Ricardo Valdés, coautor del reporte y especialista en temas de seguridad, indicó que entre las empresas de transporte público víctimas de ataques letales hasta abril de 2026 figuran Los Rojitos, con ocho fallecidos; EMPTONSA, con cuatro; ETMOSA, con tres; y Sur Express, Línea B, La Unidad de Villa, Transportes Toro y Los Moraditos, con dos víctimas cada una.
Por su parte, a inicios de junio, la Policía Nacional del Perú confirmó que 64 choferes de transporte público habían sido asesinados por bandas de extorsionadores y sicarios en lo que va del año.
Basombrío indicó que los transportistas han perdido la esperanza y que ya no consideran los paros como una herramienta efectiva para exigir seguridad.
"Los transportistas se han dado cuenta de que los paros no sirven para nada, porque finalmente pierden dinero, los pasajeros se afectan y no se soluciona nada", señaló.
Algunos han optado por abandonar el rubro del transporte o migrar al extranjero, según informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte.
"Están dejando el trabajo por el temor y la presión familiar. Es como una ruleta rusa: en cualquier momento les toca. Además, hay una migración fuerte hacia España. Son más de 3 mil conductores los que han abandonado el país", mencionó.
El problema no es nuevo. Según un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, en el 2025 fueron asesinados 239 transportistas en todo el país, un promedio cercano a 20 por mes.
El exministro Basombrío añadió que la situación continúa agravándose con el paso de los meses. "Lamentablemente está empeorando. Las cifras son inocultables", declaró.
¿Y qué pasó con las medidas anunciadas desde el Gobierno para combatir la inseguridad en el transporte público? Basombrío señaló que la promesa de instalar cámaras de seguridad quedó solo en palabras.
"Les ofrecieron cámaras para los buses, que sí son útiles. Hace ocho meses, cuando todavía estaba la señora Boluarte, se cayó la licitación. No puede ser: no hay una sola cámara en los 26 mil vehículos que ofrecieron", aseguró.
A ello se suma que los policías asignados a resguardar los buses tampoco se dieron abasto, señaló Ojeda. "No se dan abasto. No se ha cumplido con la logística ni con el presupuesto que necesitaban las Depincri. Estamos peor que antes", acotó.
Los especialistas alertaron, además, que la distribución territorial de estos hechos demuestra que la violencia sigue los principales corredores metropolitanos de movilidad que articulan Lima Norte, Lima Este y Lima Sur.
Valdés, también exviceministro de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, manifestó que para enfrentar esta problemática se deben aplicar medidas a corto plazo.
"Eliminando cosas tan sencillas como prohibir que las motos circulen de noche, redistribuyendo la logística del personal, es decir, que haya más policías en los lugares donde existe mayor criminalidad, e iniciar un proceso de alquiler de patrulleros para conseguir un verdadero control territorial", sostuvo.
Mientras llega una solución efectiva a este problema, miles de transportistas continúan recorriendo las calles bajo constantes amenazas. Y cada jornada de trabajo sigue siendo acompañada por esa incertidumbre de no saber si volverán a casa.
Es tarea del próximo gobierno liderar las respuestas del Estado para que conductores y pasajeros dejen de abordar un vehículo de transporte público con medio a ser víctimas de un nuevo ataque armado.
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