La región de Moquegua inicia este martes 30 de junio, desde las 00:00 horas, un paro regional indefinido convocado por organizaciones sociales, gremios e instituciones en rechazo a un proyecto de ley de demarcación limítrofe que afecta a su territorio.
La iniciativa (Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE) aprobada por el pleno del Congreso de la República el pasado 23 de junio, es percibida por las autoridades y la población moqueguana como una vulneración a su soberanía territorial en el sector de Quebrada Honda.
El conflicto escala ante la falta de un acuerdo con el Ejecutivo para observar la ley, lo que ha llevado a la radicalización de las protestas que ya incluían bloqueos previos en la vía Panamericana Sur.
El núcleo de la controversia radica en que la propuesta legislativa plantea sanear los tramos de la provincia tacneña de Jorge Basadre, pero Moquegua sostiene que las coordenadas incluidas abarcan la zona de Quebrada Honda, territorio perteneciente al distrito de Torata.
Las autoridades moqueguanas denuncian que la norma fue elaborada sin un conocimiento real de la geografía local y sin convocar a los representantes de la región durante el proceso en la Presidencia del Consejo de Ministros.
Además del tema limítrofe, existe preocupación por el control de recursos estratégicos como el agua y el futuro canon minero derivado de la eventual ampliación de la empresa Southern Perú en la zona.
"Con esta ley, que recorta territorio a los moqueguanos, han cometido vicios técnicos imperdonables que, sin lugar a dudas, en esta coyuntura, confronta a dos regiones como Moquegua y Tacna", señaló el último domingo la gobernadora regional Gilia Gutiérrez en el programa Ampliación de Noticias (ADN) de RPP.
La gobernadora regional ha advertido que el malestar social en la población es comparable al escenario vivido en junio de 2008, cuando la región protagonizó una masiva protesta conocida como el 'Moqueguazo' por la distribución del canon minero.
Ante el inicio de la medida de fuerza, la Dirección Regional de Educación de Moquegua dispuso la suspensión indefinida de las clases escolares presenciales tanto en instituciones públicas como privadas.
Esta disposición afecta específicamente a los distritos de San Antonio, Moquegua, Samegua y Torata, con el fin de salvaguardar la integridad física de los estudiantes y el personal educativo ante posibles movilizaciones.
Por su parte, el Gobierno Regional de Moquegua también anunció la suspensión de labores administrativas y atención al público en su sede central y gerencias regionales durante el martes 30 de junio, manteniendo operativos únicamente los servicios esenciales y la mesa de partes virtual.
La gobernadora regional ha advertido que el malestar social en la población es comparable al escenario vivido en junio de 2008, cuando la región protagonizó una masiva protesta conocida como el 'Moqueguazo' por la distribución del canon minero.
Según la autoridad, los ciudadanos no están dispuestos a ceder terreno y la agenda de defensa territorial se ha convertido en la prioridad máxima de las instituciones locales.
Gutiérrez enfatizó que la promulgación de la norma por parte del Ejecutivo podría generar un conflicto social de mayor escala que afectaría la gobernabilidad en el sur del país.
"La gente, nuestra gente de Moquegua, no va a ceder un solo centímetro, y las autoridades hoy tenemos como prioridad esta agenda. Estamos defendiendo no solo nuestro territorio, estamos defendiendo también la integridad territorial, estamos defendiendo lo que le corresponde, los recursos naturales de los moqueguanos", afirmó Gutiérrez Ayala en ADN.
Desde la otra vereda, el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, negó enfáticamente que el proyecto de ley afecte el territorio de Moquegua o modifique la línea fronteriza entre ambos departamentos.
Según explicó a RPP, la iniciativa responde a un pedido de 38 años de cinco comunidades campesinas -Santa Cruz, Cuaraguaya, Vilalaca, Cambaya y Borogueña- que desean anexarse al distrito de Ilabaya para acceder a mejores servicios básicos y recursos del canon de la mina Toquepala.
Ante este panorama, Moquegua ha solicitado formalmente al presidente de la República, José María Balcázar, que observe la ley y promueva una mesa técnica para resolver las discrepancias mediante el diálogo institucional.