La Minera Caravelí, situada en la provincia de Pataz, región La Libertad, enfrenta una situación de asedio de parte de más de 200 integrantes de la comunidad campesina Estrella de Oro, denunció Juan Carlos Zea, gerente de Recursos Humanos de la compañía.
En comunicación con RPP, el ejecutivo dijo que los comuneros mantienen bloqueadas las operaciones desde el 14 de junio con el fin de tomar el control de áreas de concesión para realizar actividades mineras propias.
Zea aseguró que esta situación ha derivado en amenazas directas contra la integridad física del personal y un estado de indefensión ante la falta de respuesta de parte de las autoridades y la Policía.
El gerente de la minera dijo que la tensión se ha intensificado en las últimas horas debido a que los manifestantes han cercado el campamento minero con la supuesta intención de capturar al gerente de operaciones, quien aún permanece dentro de la unidad de producción.
"En este momento hay el riesgo de que ingresen y capturen al gerente y lo agredan físicamente", advirtió.
El representante de la empresa calificó el escenario como una situación de emergencia extrema, subrayando que todo el personal se encuentra secuestrado dentro de las instalaciones debido a que no se permite el ingreso ni la salida de ninguna persona vinculada a la compañía.
"Esta es una llamada de pedido de auxilio y de socorro urgente porque nos sentimos en un abandono total", denunció el gerente de la compañía.
El gerente de la minera Caravelí explicó que una de las dificultades principales para recibir apoyo de las fuerzas del orden radica en la ubicación geográfica de sus instalaciones, que se encuentra pegada a Tayabamba.
Indicó que a diferencia de otras áreas de Pataz como Chugay o Parcoy, donde existe presencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas por la declaratoria de estado de emergencia, el sector donde opera Caravelí depende exclusivamente de la policía regional, la cual no ha intervenido a pesar de las alertas sobre el riesgo inminente de agresiones físicas contra los trabajadores.
Zea explicó que el conflicto tiene su origen en la pretensión de la comunidad, liderada por su presidente Majín Sánchez, de tomar el control de parte de la concesión minera para explotar los recursos de manera directa.
Además, indicó que para ejecutar este bloqueo, los comuneros se movilizan en varias camionetas 4x4 a gran velocidad por toda la zona, impidiendo cualquier tipo de actividad por parte de la empresa y obligando a los directivos a firmar documentos con los que no están de acuerdo bajo coacción.
El ejecutivo señaló que la parálisis de las operaciones no solo afecta la producción, sino que representa un riesgo ecológico en la zona del distrito de Huailillas.
Zea puntualizó que los manifestantes están impidiendo el funcionamiento de las bombas encargadas de proteger la calidad del agua, lo cual ya ha sido reportado ante la fiscalía ambiental.
Indicó que, pese a que la compañía ha presentado documentos y pedidos de auxilio presenciales ante la Policía en Trujillo, hasta la fecha no han recibido apoyo ni se ha registrado formalmente la denuncia.