El secretario general del Sindicato de Construcción Civil Arequipa, Lugüe Espinoza, y el secretario de organización, Juan Chicata Orihuela, fueron detenidos al ser acusados de los presuntos delitos de extorsión y coacción, informó la Policía Nacional.
La detención de los dirigentes se realizó tras las denuncias presentadas por la empresa APM Contratistas Generales que está a cargo de la construcción de un Módulo de Justicia en el sector de Semi Rural Pachacútec, distrito de Cerro Colorado, donde el último lunes se registró daños provocados por la turba que acata un paro pidiendo el respeto de la contratación del 60% de la cuota sindical.
Los dirigentes fueron detenidos cuando salían de sus casas para dirigirse a las obras de la sede del Poder Judicial, posteriormente fueron trasladados hasta la sede de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) donde permanecerán detenidos hasta un plazo de 48 horas. Según los dirigentes sindicales, las protestas contra la empresa APM Contratistas Generales es porque no contratan obreros del Sindicato de Construcción Civil de Arequipa y dan preferencia al personal obrero de otras regiones.
El Fiscal Coordinador de las fiscalías provinciales Penales de Arequipa, Antonio Chacón Roselló, informó que se investiga a los dirigentes por los presuntos delitos como disturbios, obstrucción de vías públicas (uso indebido en el contexto de la protesta) y presunta extorsión, según los elementos de convicción recabados por la Policía Nacional —videos, declaraciones y otras pruebas— que están siendo revisados por la Fiscalía que investiga el caso.
El fiscal explicó que, por la complejidad del caso, la investigación incluye seguimiento previo y estrategias que no pueden detallarse públicamente, al confirmar que se ha procedido a la detención de varios dirigentes (tres mencionados) por un plazo inicial de 48 horas mientras continúan las diligencias.
Chacón también reconoció el temor social entre los vecinos y agraviados, y advirtió que una protesta que inicialmente puede ser legítima pierde esa condición si se utiliza para generar miedo o amedrentar a la población. Finalmente, indicó que tras el vencimiento del plazo de detención los investigados podrían quedar en libertad, aunque el proceso seguiría abierto y las pesquisas podrían ampliarse administrativamente según lo requiera la investigación.
La jefa de la Oficina Defensorial en Arequipa, Andrea Sarayasi, pidió el cese de la violencia en las protestas del sindicato de construcción civil contra la empresa APM, encargada de la obra del nuevo módulo de justicia en Cerro Colorado. La funcionaria recordó que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución, pero debe ejercerse en un marco de paz y sin vulnerar la integridad de terceros ni los bienes públicos y privados.
La funcionaria explicó que la conflictividad escaló por reclamos laborales específicos —presunta reanudación de acuerdos previos sobre cupos de trabajo y el despido de tres dirigentes— y por la falta de avance en mesas de diálogo anteriores. La Defensoría ha levantado actas y advierte que la actuación violenta del gremio también afecta la construcción de ciudadanía y la ejecución de otras obras en la región.
Por su parte del presidente de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Nicolás Iscarra, dijo que las obras de la construcción del Módulo de Justicia ubicado en Cerro Colorado tiene solo avance del 14%, pero según el cronograma establecido debía tener el 22%.
Desde ayer, los afiliados al Sindicato radicalizaron sus medidas de protesta con una vigilia que se realizó en la sede de la DIVINCRI, lugar donde se encontraban detenidos los dirigentes. Y esta mañana se apostaron en la puerta de la Corte Superior de Justicia donde se realizará una audiencia de pedido de detención preliminar de siete días contra el secretario general del Sindicato de Construcción Civil Arequipa, Lugüe Espinoza, y el secretario de organización, Juan Chicata Orihuela.