Dos suboficiales de la Policía Nacional fueron detenidos al ser acusados de exigir dinero a vendedores de gas a cambio de no trasladarlos a una dependencia policial.
La intervención se llevó a cabo en el distrito de Chimbote, provincia del Santa, región Áncash, según informó la Policía Anticorrupción de Chimbote.
Los efectivos detenidos son Junior Julmer Asencios Benancio, de 44 años, quien prestaba servicios en la Unidad de Servicios Especiales (USE) de Chimbote, y Antoni Gabriel Solís Morillo, de 30, quien laboraba en la comisaría Alto Perú. Ambos son investigados por los delitos de concusión y banda criminal.
La intervención se realizó en cumplimiento de una orden de detención preliminar, allanamiento, descerraje e incautación emitida por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa.
De acuerdo a la investigación fiscal, los dos suboficiales son presuntos integrantes de la banda criminal denominada 'Los Impostores de la Justicia', que se dedicaría a exigir dinero a comerciantes de gas para evitar su traslado a la dependencia policial.
Las víctimas eran presionadas para realizar transferencias bancarias por hasta 5 mil soles a una cuenta a nombre de un ciudadano venezolano.
Como parte del operativo, también fue allanada la casa de un abogado, quien es sindicado de haber actuado en complicidad con los policías haciéndose pasar por fiscal.
La puesta en marcha de proyectos mineros demanda 41 años en promedio, desde la etapa de exploración hasta el inicio de producción, superior al estándar mundial de 28 años, señala el informe de RPP Economía elaborado en colaboración con el Instituto Peruano de Economía (IPE). El informe anota que hay casos de mayor demora, como el yacimiento Ferrobamba, de la mina Las Bambas en Apurimac que tardó 105 años en entrar en operación. En tanto, Quellaveco en Moquegua, demoró más de 80 años; y Antamina, en Áncash esperó 76 años. El economista Carlos Gallardo, gerente general del IPE, señaló que es necesario fortalecer a las instituciones encargadas de los permisos para que no se excedan los plazos y recomendó procesos automáticos con fiscalización posterior.