El reciente asesinato de Víctor Hugo Febre, alcalde del distrito piurano de Veintiséis de Octubre, ha encendido nuevamente las alarmas sobre el nivel de inseguridad y violencia que azota a las autoridades y ciudadanos en el norte del país. Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo se pronunció para exigir medidas inmediatas.
Al respecto, Walter Galecio González, jefe de la Oficina Defensorial II de Piura, expresó su rechazo frente al ataque armado y extendió las condolencias de la institución a los familiares de la víctima.
"Hoy atravesamos momentos de profundo dolor y consternación por este lamentable hecho de violencia. Expresamos una condena firme frente a cualquier acto criminal que pretenda sembrar miedo y violencia en nuestra sociedad", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.
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Galecio González enfatizó que la Policía Nacional tiene la enorme responsabilidad de garantizar el orden interno y la protección de toda la población. Sin embargo, ante la escalada delictiva, anunció que han instado a las máximas autoridades de la región a tomar cartas en el asunto de forma articulada.
"Hoy la región de Piura atraviesa un momento difícil. Como oficina defensorial, hemos solicitado al Gobierno Regional el día de ayer que se convoque, de manera inmediata, a una sesión extraordinaria para ver qué medidas y qué acciones de prevención vamos a tomar para poder resguardar la seguridad de la población", detalló.
Durante la entrevista, se expuso que la pareja sentimental del burgomaestre reveló que él venía recibiendo amenazas desde hace un mes, presuntamente vinculadas a la negativa del municipio para otorgar permisos en la ejecución de determinadas obras públicas.
Al ser consultado sobre si la Defensoría tenía un registro de autoridades amenazadas en la región, Galecio González indicó que no cuentan con "un reporte sincero de las estadísticas" sobre el tema del sicariato contra funcionarios, y que se enteraron de las presuntas amenazas contra el alcalde de Veintiséis de Octubre a través de las redes sociales y la prensa.
Finalmente, el jefe defensorial hizo un llamado a todos los funcionarios que se encuentren bajo amenaza del crimen organizado.
"Yo sugeriría a las autoridades que vienen siendo amenazadas poner esto de conocimiento a la Policía Nacional y que se lleve de manera reservada la investigación", culminó.